Guido Calderón
Por décadas, el sistema de salud pública de Ecuador ha sido víctima de una enfermedad crónica: la corrupción. Medicinas que no llegan, hospitales desabastecidos, contratos con sobreprecios, redes delictivas que se benefician del sufrimiento ajeno, y funcionarios honestos amenazados o asesinados por denunciar irregularidades. Esta situación no solo refleja una falla administrativa: es una tragedia que genera sufrimiento y muertes que no deberían ocurrir.
En Portugal han demostrado que sí es posible garantizar un sistema de salud transparente, eficaz y centrado en el ciudadano. ¿Qué hacen diferente? Simple: tecnología, trazabilidad y voluntad política. La receta portuguesa incluye prescripciones electrónicas obligatorias, trazabilidad total del medicamento desde su compra hasta su uso, y un sistema de compras públicas transparente. Nada de esto es ficción. Ecuador podría y debería replicarlo.
¿Por dónde empezar?
Primero, Ecuador necesita con urgencia implementar un sistema nacional e integrado de prescripción electrónica, obligatorio para todos los médicos y farmacias. Esto permitirá saber exactamente quién receta, qué se receta, quién y cuándo retira el medicamento. Con ello, se elimina gran parte del espacio para el fraude, falsificaciones y uso indebido.
En segundo lugar, es indispensable centralizar las compras de medicamentos en una única plataforma digital abierta y auditable, inspirada en modelos como el de BASE.GOV en Portugal. Cada ciudadano debería poder ver qué se compra, cuánto cuesta y a qué proveedor se adjudica. La corrupción se alimenta del silencio y la opacidad; la transparencia es el mejor antídoto.
Tercero, el país debe controlar la trazabilidad de los medicamentos desde la importación o fabricación hasta su entrega final al paciente, mediante sistemas de código QR. Solo así se podrá evitar que las medicinas se pierdan, se revendan ilegalmente o se queden caducando en bodegas estatales.
Cuarto, es momento de integrar a las farmacias privadas dentro del sistema nacional de salud digital. De esta manera, se podrán dispensar medicinas públicas con control, registro y responsabilidad compartida.
Pero nada de esto funcionará sin una reforma legal y judicial profunda. Los delitos de corrupción en el sector salud deben ser tratados como crímenes graves contra la población. Se necesita una agencia independiente y con fuerza legal para auditar y sancionar a los corruptos y proteger a los denunciantes. Ya basta de matar a quienes se atreven a hablar.
Finalmente, Ecuador debe abrirse al intercambio internacional de buenas prácticas, firmar acuerdos con países como Portugal para recibir asesoría técnica y cooperación en materia de salud digital y gobernanza sanitaria. No hay vergüenza en aprender de quienes lo hacen mejor; la verdadera vergüenza está en seguir viendo como mueren los ecuatorianos en los hospitales públicos por falta de medicinas.
El país se desangra no solo por la violencia y la pobreza, sino por la inercia y la negligencia institucional. Garantizar el acceso justo y transparente a los medicamentos no es un lujo ni una promesa de campaña: es una obligación moral y un derecho humano impostergable.
Este contenido ha sido publicado originalmente por EL COMERCIO.
