El miedo a los delincuentes ha sido reemplazado por un profundo pánico a los asambleístas, que decidirán quiénes vamos a pagar esta guerra, que deberíamos pagarla todos, pero se vislumbra que la discriminación, el odio y fundamentos ideológicos atroces, serán los factores que decidirán quienes gozarán de seguridad gratuita, financiada por aquellos de nosotros que  costearemos esa gratuidad.

La continuidad de esta ansiada seguridad, depende de muchos factores. El principal, que lo recaudado se direccione a efectivamente a seguridad; un imposible dada la voracidad y obesidad de la burocracia en el poder que, en vez de reducirse, con dinerito fresco van a crear más puestazos para los amiguis.

El miedo a una depresión económica, ha restringido el consumo en general y el turismo nacional ha caído un 70% y el internacional en un 99%. Escenario equivalente a otro levantamiento indígena, cuyos tambores de guerra ya se escucha.

Si bien la inseguridad bajó gracias a la vigorosa intervención del Ejército, los uniformados volverán a sus cuarteles y la delincuencia amparada por la corrupción judicial, volverá más violenta, sobre todo quienes ya no se perciben como delincuentes sino como terroristas a la par de militantes de Hamas, Al Qaeda o Boko Haram. Crear leyes para meter en la cárcel a los jueces que liberan delincuentes, es urgente.

Eliminar el toque de queda en ciudades o provincias que cuidan su seguridad, es correcto y urgente. Se debe permitir la farra nocturna, en proporción directa a los niveles de siniestralidad y seguridad que mantiene un cantón. Por ejemplo, una ciudad como Baños de Agua Santa, que no tiene robos ni asaltos, ni accidentes por alcoholismo, debe tener vida nocturna extendida hasta las 4 o 5 de la mañana, hora en que el cuerpo pide descanso y no cerrar los antros a las 2h00 y trasladar la juerga a calles y hoteles. Si Baños u otra ciudad segura, no sostienen sus niveles de seguridad, se les restringen los horarios de farra o se los eliminan.

Urbes tranquilas y seguras de los andes y Amazonía, experimentan una migración de familias que, o huyen del terrorismo o, de la represión militar; por lo que se debe regular y controlar el alquiler de vivienda en todo el país, para frenar el traslado de delincuentes y su expansión a ciudades seguras y en especial a destinos turísticos como Baños de Agua Santa, que desde siempre ha sido cultura de su población, proteger al visitante en todas sus actividades.

Publicado en El Comercio.

Guido Calderon

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