No existe policía anti oro

Guido Calderón

En los últimos años, la expansión acelerada de la minería ilegal en vastas zonas del país, de ser una actividad marginal, se ha convertido en el corazón financiero del crimen organizado, al ser más rentable, estable y menos combatida que el narcotráfico. La masacre de 11 militares ecuatorianos confirma la gravedad de esta amenaza que avanza en complicidad de muchos políticos locales y nacionales, que avalan o callan.

Una economía criminal más rentable y menos perseguida

Mientras el narcotráfico ha sido objeto por décadas de combate internacional con unidades especializadas como la Policía Antinarcóticos, la DEA y legislación específica, la minería ilegal opera con casi total impunidad.

No existe en Ecuador una unidad policial o militar especializada y permanente que combata la minería ilegal con la misma fuerza que el narcotráfico.

El oro ilegal se comercializa con facilidad a través de la misma población y canales formales, lavando grandes sumas de dinero sin atraer atención estatal.

La minería informal permite a grupos criminales controlar territorios enteros, donde además extraen madera, fauna silvestre y controlan las economías locales.

La minería ilegal es un negocio más lucrativo, seguro y estable para las pandillas y terroristas, que el tráfico de drogas. Peor aún: genera menos presión internacional y mayor tolerancia de autoridades locales, muchas veces cómplices directas o encubridoras.

El asesinato de los 11 militares: Un grito que no puede ser ignorado

El brutal asesinato de 11 militares ecuatorianos no es un hecho aislado. Es un síntoma del empoderamiento criminal local y extranjero que otorga la minería ilegal a quienes controlan sus rutas, territorios y maquinaria.

Esta masacre es una señal de que el crimen organizado ha superado en poder de fuego y control territorial a las fuerzas del orden. En muchas zonas, las bandas armadas mandan más que el Estado.

Silencio institucional y complicidad política

La minería ilegal destruyendo selvas, contamina ríos de los que beben ciudades enteras, desplaza grupos campesinos e indígenas y arrasa la biodiversidad. Sin embargo, la reacción de las autoridades es tímida. Y en muchos casos, cómplice.

Muchos alcaldes y prefectos conocen y permiten la minería ilegal, ya sea por conveniencia política, lucro directo o miedo.

Necesitamos una fiscalización pública constante y exigir a las autoridades locales, rendir cuentas sobre esta actividad criminal en sus jurisdicciones.

Las organizaciones de derechos humanos y ecologistas, habituales voceros de estas causas, guardan un silencio desconcertante ante este crimen de lesa naturaleza y lesa humanidad.

Lo que el Estado debe hacer

Asumir esta lucha como un asunto de seguridad nacional, defensa de soberanía y supervivencia ecológica.

1.-Crear una unidad nacional contra la minería ilegal, con capacidad de intervención, inteligencia y operación conjunta entre FF. AA., Policía, Fiscalía y Ministerio del Ambiente, con el apoyo de la inteligencia norteamericana e israelí.

2.-Depurar las fuerzas del orden: se necesita una revisión integral de policías, militares y autoridades vinculadas con mafias mineras. La corrupción dentro del Estado es el principal escudo y aliado de la minería ilegal.

3.-Reforzar el armamento de las Fuerzas Armadas: los criminales mineros están mejor equipados que nuestras tropas. Es urgente dotar de armamento moderno, drones, inteligencia satelital y vehículos blindados a quienes combaten en el terreno.

4.-Solicitar apoyo internacional, especialmente de la inteligencia estadounidense y de países aliados en la lucha contra el crimen transnacional. La minería ilegal financia redes globales que deben ser rastreadas y desmanteladas con cooperación internacional.

5.-Publicar un mapa oficial y actualizado de la minería ilegal en Ecuador, incluyendo las jurisdicciones políticas: alcaldías y prefecturas; para que el país sepa quién permite, tolera o se beneficia de este crimen. La transparencia es el primer paso hacia la justicia.

La minería ilegal es una industria criminal que financia asesinatos, arrasa la naturaleza, desplaza a ecuatorianos y corrompe la política. Si Ecuador no responde con firmeza, el oro ilegal terminará con lo que el narco no ha logrado. Ya no se trata solo de cuidar el medio ambiente: se trata de salvar al país del control criminal que avanza, financiado por la sangre de nuestra selva y nuestros soldados.

Este contenido ha sido publicado originalmente por EL COMERCIO.